Un estatuto deficiente

Debido a la severidad de la crisis financiera provocada por las ejecuciones de las hipotecas residenciales, la Legislatura de Florida generó legislación con el alegado fin de proteger a los consumidores del Estado.  En realidad, opino que ésta pieza legislativa se encuentra entre los disparates jurídicos mas grande que yo he leido durante mi carrera.  Me refiero a la Sección 501.1377, la cual entró en vigor en octubre del 2008.

El Estatuto fue codificado bajo el título de protección al consumidor y se expuso una intención legislativa basada en la premisa que los consumidores con problemas hipotecarios en el Estado de la Florida necesitaban ciertas protecciones.  La intención del legislador se divide en dos partes.  Primero, se habla de reglamentar la conducta de aquellos individuos o entidades que interesan adquirir las propiedades en ejecución y se habla de aquellos individuos que están ofreciendo servicios de rescate relacionados con el proceso de ejecución de hipoteca.

Aunque las disposiciones estatutarias brindan algún tipo de alivio a aquellos individuos que pretenden adquirir las propiedades en ejecución de hipotecas, la disposiciones estatutaria relacionadas con los que prestan servicio de rescate a aquellos que se encuentran en el proceso de ejecución son claramente absurdas. 

El Estatuto pretende reglamentar al individuo que se cataloga como consultor en rescate de hipoteca o aquel que ofrece servicios relacionados con el rescate de propiedades en ejecución de hipotecas (foreclosure).  El primer problema con el Estatuto es que autoriza éste tipo de servicios sin establecer requisitos de entrenamiento ni de licenciatura.  Esta barbaridad jurídica se agrava por el hecho que la ley de Florida es clara de que aquel individuo que presta éste tipo de servicio tiene que tener licencia de corredor y bienes raices.  O sea, existen estatutos que reglamentan este tipo de conducta, requieren que el individuo pasen un examen, obtenga una licencia y su conducta esta reglamentada por una comisión que tiene la autoridad estatutaria de sancionar al individuo quien no cumple con sus obligaciones. 

Aparentemente, ésta legislación ha creado una exepción a los requisitos de licenciatura existentes y esencialmente le ha permitido a cualquier individuo que pueda generar un contrato con los términos expuestos en el estatuto, pueda prestar éste tipo de servicio, independientemente de su adiestramiento, educacion y/o capacidad para rendir el mismo con eficiencia.  El problema se multiplica por el hecho de que, de éste individuo incurrir en conducta impropia, no existe entidad con jurisdicción para sancionar dicha conducta.

Encuentro un tanto irónico de que ésta disposición estatutaria se haya condificado entre los estatutos destinados a proteger al consumidor ya que ha logrado que aquellos inescrupulosos logren prestar servicios profesionales que requerían adiestramiento eficiente, aprobacion de un examen y licencias sancionads por el Estado.  En vista de la deficiencia extrema de éste estatuto, debo ofrecerles las siguientes advertencias.  Primeramente, de cualquier empresa proponer brindarle servicios de renegociación de su contrato hipotecario, exija que se identifique por escrito el o los individuos que harán las negociaciones con el banco hipotecario.  Debe exigir que ese individuo sea, al mínimo, un corredor con licencia del Estado de la Florida y exija copia de dicha licencia.

Exija que el contrato claramente defina los servicios que se van a prestar y que usted se mantenga informado de todas las ofertas hechas por el banco.  Exija que de el banco hacer una propuesta, ésta sea revisada por un abogado ya que los términos jurídicos en dicho contrato requieren el conocimiento especializado de un abogado.

Luis A. González
Abogado y Mediador
L. A. González Law Offices, P.A

(407) 649 - 8389
laglaw@cfl.rr.com